La salida masiva de venezolanos ha pasado a ser un problema regional, tal como lo señalamos en un artículo anterior en Prodavinci. Cifras actualizadas y provenientes de las dos agencias de Naciones Unidas que están actuando ante la crisis migratoria venezolana dan cuenta de que tres millones de venezolanos han abandonado el país (hasta octubre de 2018), de este total según las autoridades migratorias de Colombia, un millón están en ese país.

La participación conjunta, en el caso de Venezuela, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ya le otorga una particularidad al éxodo venezolano. ACNUR y OIM, en sus declaraciones conjuntas, se han cuidado de hablar simultáneamente de “refugiados y migrantes” venezolanos. No hay consenso ni dentro de la ONU, ni en el conjunto de países sudamericanos (los más afectados por la llegada masiva) en catalogar como refugiados a todos aquellos venezolanos que huyen de la crisis.

La concepción moderna de refugiado, en consonancia con los precedentes regionales como la Declaración de Cartagena de 1984, le otorgan esta condición a todo aquel que se ve forzado a salir de su país por situaciones que hayan trastocado su vida. Para esta declaración, generada a raíz de la crisis de refugiados que se vivió en los años de conflictos armados en Centroamérica, deben ser considerados como refugiados “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.