El académico mexicano Rafael Hernández, de forma precisa, ha sostenido que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador registra una suerte de promesa incumplida en materia de política de migración. Cuando ascendía al poder, en 2018, anunció que, a diferencia de las gestiones anteriores, la suya se basaría en la definición de un nuevo paradigma que privilegiaría el respeto pleno de los derechos humanos y apostaría por el desarrollo social y económico como sustento material de las personas en movilidad dentro de México.

Tal cosa no ha ocurrido, como lo vienen documentando diversas denuncias de maltratos y violaciones a los derechos humanos, por parte de autoridades mexicanas, contra migrantes venezolanos, cubanos, centroamericanos y haitianos principalmente, en particular desde que se activó el acuerdo bilateral con Estados Unidos para impedir el acceso sin documentación de los oriundos de Venezuela, hace ya un año. Desde entonces se ha intensificado la respuesta policial y militar.